Columnas

¿Vuelven los paramilitares?

12/03/2017

La palabra “paramilitar” está teñida en Colombia de unas connotaciones que no tiene en otros lugares. El prefijo “para-” se puede entender de dos maneras. En primer lugar, como una alianza: unos civiles que trabajan ilegalmente, pero “junto a” los militares. En segundo lugar, como una simple similitud: civiles que se organizan por fuera de la ley con una estructura de mando y con acciones armadas que se parecen a las del ejército regular. En Colombia hemos entendido a los paramilitares según la primera acepción (civiles que actúan clandestinamente en alianza con el ejército regular). En la segunda acepción, en cambio, un grupo guerrillero como el ELN sería, en rigor, también un grupo paramilitar.

El fenómeno paramilitar, en cualquiera de estos sentidos, es una desgracia para el país. Bien sea que favorezcan los intereses de cierta clase social dominante (los terratenientes, la gran minería, los narcotraficantes), o que se alíen con grupos más débiles (los campesinos, los mineros artesanales o ilegales, los raspachines de coca), son de todas formas unos enemigos violentos del orden legal. El Estado existe y tiene fuerzas armadas, precisamente, para impedir que haya grupos armados irregulares, es decir, paramilitares. Por eso la alianza entre militares y paramilitares es tan perversa. Indica que el Estado se ha podrido. Esto ocurrió en Colombia durante décadas y es responsabilidad del gobierno y de los militares que nunca más se repita.

En los últimos 12 meses, según la Defensoría del Pueblo, han asesinado en Colombia a 120 líderes sociales. Esto da un promedio de diez líderes asesinados por mes. ¿Quiénes los están matando y por qué? Quizá el patrón no sea exactamente el mismo en todas los casos, pero sí hay suficientes similitudes como para decir que son crímenes sistemáticos, es decir, planeados con cierto fin de intimidación. Como decía un tuitero, no es necesario que los maten por orden alfabético para poder encontrar un propósito en tantos asesinatos. Algunos son reclamantes de tierras; otros, defensores de mineros artesanales; otros más están vinculados a cultivadores ilegales; los más, son líderes de comunidades pobres que luchan por derechos humanos elementales: vida, agua, vivienda, salud. ¿Quiénes los matan? No se sabe, pero la gente dice: los paramilitares.

Por eso es importante definir bien el término. ¿Los están matando civiles ilegales “semejantes a los militares”, pero que no están aliados con ellos? O bien, ¿los están matando civiles ilegales “en alianza con los militares”? Yo creo que no hemos vuelto a los años 90 y que los asesinos son grupos que actúan sin la complicidad de las Fuerzas Armadas. Pero para que esto quede plenamente demostrado, tanto el ejército como la policía tienen que actuar decididamente contra estos grupos, con el mismo rigor y la misma fuerza con la que actuaban antes contra las Farc. Ahora que esta guerrilla se ha desmovilizado, las Fuerzas Armadas más grandes y con mayores recursos de América Latina tienen que ser capaces de controlar a estos nuevos paramilitares y de ocupar el vacío de poder dejado por el fin del conflicto en vastas zonas del país.

Un militar en Colombia (oficiales, suboficiales, soldados profesionales) puede jubilarse a los 38 años, después de 20 años de servicio. Si espera un poco más, a los 45 años y con 27 años de servicio, puede recibir hasta el 95% del sueldo que recibía como oficial activo. Algo parecido ocurre en caso de muerte: la viuda, los hijos o los padres dependientes reciben la pensión. Estos privilegios excepcionales -de país en guerra- se justifican por el peligro que corren los militares. Y podrían seguir existiendo si se dedican a combatir y desmantelar a los nuevos paramilitares, arriesgando sus vidas para defender la legalidad. Eso es lo que nos esperamos del Estado: que defienda con las armas a los líderes sociales. O que los juzgue, si hacen algo ilegal. Pero el Estado no puede dejar que los sigan matando.

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